El fiscal quiere publicitar las condenas a las empresas contaminantes

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Afirma que es más eficaz desprestigiar una firma que multarla

Rafael Méndez, El País – 30/09/2008

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha pedido al Gobierno que reforme el Código Penal para poder perseguir a los directivos de las empresas contaminantes -algo muy difícil en la actualidad- tal y como establece la directiva europea de Protección del Medio Ambiente por el Derecho Penal aprobada el pasado 21 de mayo. Reclama, además de que se endurezcan y se precisen los delitos contra el medio ambiente, que se de publicidad a las condenas contra estas firmas como “el tipo de sanción más eficaz porque afecta al prestigio y éxito financiero” de la compañía.
Vercher lanzó esta petición a los ministerios de Justicia y Medio Ambiente y al fiscal general del Estado en un escrito de ocho folios fechado el pasado 25 de septiembre al que tuvo acceso ELPAÍS.com. El fiscal recuerda que los primeros borradores de la directiva contemplaban como forma de sanción “la publicación de la decisión judicial relativa a la condena o a cualesquiera sanciones o medidas aplicadas” a la empresa. En su informe explica que “se trata de una medida o sanción que tiene antecedentes en el sistema legal anglosajón, que ha funcionado de manera eficiente en el derecho norteamericano para temas de medio ambiente”. Dar publicidad a las condenas, afirma, “es el tipo de sanción más eficaz porque afecta al prestigio y éxito financiero de la persona jurídica, frente al tradicional pago de la multa, fácilmente suplido y resuelto a nivel contable”. Así se facilita además que “el cliente pueda decidir si contrata o no con una empresa ambientalmente respetuosa, precisamente en un momento en el que se abusa, hasta la saciedad, de la publicidad ambiental con noticias con frecuencia no totalmente ciertas en la materia”.

“La directiva deja perfectamente claro que las personas jurídicas [las sociedades] deben responder penalmente de sus actos delictivos de carácter o naturaleza ambiental”, señala Vercher. Actualmente es muy complicado perseguir penalmente, por ejemplo, episodios de contaminación. No basta con saber que una empresa ha cometido un acto ilegal contra el medio ambiente, sino que hay que encontrar qué persona en concreto es responsable. A menudo, sin embargo, es producto de un funcionamiento empresarial continuado en el tiempo, no de la mala actuación de un técnico. Así, casos como Boliden acaban en la vía civil, en la que como máximo la empresa paga una multa.
Responsabilidad penal

El fiscal afirma que la responsabilidad penal de las empresas es “una tendencia prácticamente imparable” y que en el caso de España supone abandonar “el principio tradicional” de que una empresa no puede delinquir. El proyecto de reforma del Código Penal, que entró en el Congreso en enero de 2007 y que encalló la pasada legislatura, ya contemplaba una reforma para perseguir penalmente a los directivos de las firmas contaminantes y el fiscal pide que se retome y se amplíe.

La Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, creada en 2006, ha pedido anteriormente dos reformas legales. En la primera solicitaba endurecer las penas por maltrato animal -incluyendo como delito la muerte de animales domésticos sin justificación- y que acudir como espectador a espectáculos en los que se maltrate animales, como peleas de perros, fuese perseguido.

Además, el pasado mes de mayo reclamó otra reforma del Código Penal para perseguir a los alcaldes que no destinen el 30% del suelo a vivienda protegida, como marca la Ley del Suelo, de 2007. Los ediles incumplen a menudo ese porcentaje pero es imposible perseguirlos. Vercher reclamó entonces ampliar el delito de prevaricación para castigar con hasta tres años de prisión a “la autoridad o funcionario que diere al suelo […]destinados a satisfacer fines de primera necesidad o relacionados con la sostenibilidad, una aplicación distinta a la que le corresponda”.

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