El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental

Madrid, 9/3/2007, (Ecoestrategia).- El Ministerio de Medio Ambiente español ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, el cual busca tanto reparar los daños causados al medio ambiente como evitar que se produzcan. Esta Ley traspone la Directiva comunitaria europea cuya entrada en vigor se producirá el 30 de abril de 2007.

La futura ley tendrá por objeto hacer efectivo el principio “œquien contamina repara”, que va más allá del principio “œquien contamina paga”. Se trata de asegurar que el responsable de la actividad devuelva los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes, aún cuando no haya cometido ninguna infracción administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable.

Se pone el énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, el cual no se verá satisfecho con una mera indemnización dineraria y en la necesidad de que las empresas internalicen los costes asociados a los riesgos medioambientales inherentes a las actividades que desarrollan.

Con ello se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos, como viene ocurriendo en muchas ocasiones hasta la fecha. A título de ejemplo: sólo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado a lo largo de los últimos 7 años gastos de reparación ambiental cercanos a los 183 millones de euros, de los que 113 millones son atribuibles a la descontaminación de suelos.

En las actuaciones relacionadas con el vertido de Aznalcóllar se invirtieron, adicionalmente, más de 75 millones de euros para reparar los daños ocasionados por una empresa minera. La inversión prevista para llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación de las aguas del embalse de Flix, a las que han ido a parar vertidos de sustancias altamente contaminantes procedentes de industrias electroquímicas, será de otros 155 millones de euros.

La Ley afectará aproximadamente a más de 5.000 instalaciones industriales, a unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias. Se prevé que el coste de la Ley sea de aproximadamente unos 100 millones de euros anuales.

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