Nueva guerra fría en el Ártico

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Por Am Johal

VANCOUVER, 23 ago 2007 (IPS) – El recalentamiento del Ártico alteró el paisaje del norte de Canadá, amenaza el estilo de vida tradicional de las comunidades indígenas y alimenta disputas internacionales por las rutas de navegación y por la explotación de los recursos naturales.

No resulta sorprendente, entonces, que la semana pasada Rusia haya plantado su bandera en el lecho del océano Ártico, a 4.261 metros de profundidad, en un típico gesto de conquista. En el campo de las relaciones internacionales, esa acción fue apenas una señal en la pantalla de radar, pero presagia lo que puede ocurrir en el futuro a medida que las naciones ingresen en la competencia para obtener una porción de una región que, literalmente, se está derritiendo.

“El cambio climático en el norte de Canadá supone, sin duda, desafíos ambientales y de seguridad”, dijo a IPS el experto en derecho y política internacionales Michael Byers, de la Universidad de Columbia Británica.

Byers, autor del libro “Proyecto de nación: ¿A qué aspira Canadá?”, agregó que se debe tomar en cuenta “el aumento de la navegación a través del Ártico” y “la explotación de recursos”, incluida la “extracción de gas y petróleo del lecho marino”.

“El cambio climático está facilitando el acceso a un área que ha sido hasta ahora una de las más inhóspitas del planeta”, advirtió. “La magnitud del fenómeno es tremenda. El petróleo y el gas contribuyen al recalentamiento mundial, que ahora permite, irónicamente, nuevas exploraciones para extraer más gas y petróleo.”

“Lo que menos necesitamos es explotar más esos recursos. El control del lecho marino por parte de Canadá debería apuntar a dejar esas reservas tal como están”, enfatizó.

En el pasado, la barrera de hielo del Ártico hacía imposible durante la mayor parte del año la navegación a través del tan buscado pasaje entre los océanos Atlántico y Pacífico. Pero el calentamiento lo está derritiendo, por lo que las rutas marítimas pueden abrirse a los cargueros y los extensos depósitos de recursos de la región serán más accesibles.

Byers comentó que en una reciente visita a la comunidad inuit de Igloolik, para discutir el tráfico marítimo internacional por el pasaje entre ambos océanos, el vicealcalde expresó su preocupación sobre el efecto que tendría en el ambiente así como en los mamíferos terrestres y marinos.

Si el pasaje ártico entre los dos océanos se convierte en una realidad, Canadá deberá enfrentarse con naciones como Estados Unidos, que ya declaró que debería ser considerado como un “estrecho internacional”.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar podría jugar un papel clave para resolver disputas jurisdiccionales. Los países tienen 10 años para plantear reclamos una vez que ratificaron el documento. En el caso de Canadá, la fecha es 2013.

El cambio climático está abriendo nuevas oportunidades para la minería y la extracción de petróleo y gas en la región del Ártico. Estados Unidos calcula que 25 por ciento de las reservas de petróleo y gas aún no descubiertos en el planeta se encuentra allí.

Alrededor de 50 naciones con potenciales reclamos sobre esas riquezas tienen plazo hasta mayo de 2009 para formular sus demandas en el marco de la convención. Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Rusia y los países nórdicos ya han reivindicado su jurisdicción sobre áreas del Ártico, algunas de las cuales se superponen.

Ambientalistas expresan su preocupación por el impacto que una nueva “fiebre del gas y petróleo” tendría sobre un ecosistema ya amenazado.

Un abogado del Fondo de Defensa Legal Sierra, Keith Ferguson, dijo a IPS que “algunos impactos particulares, incluyendo el derretimiento de la capa subterránea de hielo, crearán todo tipo de problemas, que demandarán infraestructura, costos adicionales, tendrán efectos negativos en las especies animales y reducirán los bosques y la tundra”. “Varias especies, como el caribú, se verán afectadas”, advirtió.

“El gasoducto Mackenzie, en los territorios del noroeste, es particularmente problemático”, señaló. Un estudio del gobierno canadiense, que se remonta a la década del 70, recomienda no aprobarlo hasta que todos los reclamos de tierras de las comunidades aborígenes, entre otros aspectos, fueran resueltos.

El gasoducto sería construido por un consorcio de corporaciones multinacionales, entre las que figuran Conoco-Phillips, Imperial Oil y Shell.

Un analista del Instituto Pembina, con sede en Alberta, Matt Gray, declaró a IPS: “Cuando pensamos en el Ártico, lo primero de debemos tener en cuenta es que su biodiversidad es mucho menor que la de las área subtropicales. Por lo tanto, es mucho más susceptible a los cambios derivados del recalentamiento”.

El asunto divide a las comunidades aborígenes, en las que hubo discrepancias entre los líderes y sus integrantes. Algunos, según Gray, están a favor de una mayor extracción de recursos como forma de asegurarse puestos de trabajo en esos proyectos.

“Para ellos hay una cuestión existencial, referida a cómo pueden mantener su identidad y participar en la economía moderna en los casos en que se ajuste a sus tradiciones”, indicó Gray.

Según Tony Penikett, con una larga carrera política en el norteño territorio canadiense de Yukón, “para los inuit, la reducción del hielo en el Ártico es un gran desafío. No sólo hace más peligrosa la cacería de las focas, sino que compromete el hábitat de los osos polares”.

El concejo de la comunidad de Igloolik, por ejemplo, planeaba alquilar una avioneta con el objetivo de realizar la cacería tradicional. Penikett, cuyo hermano menor tiene una pequeña aerolínea en el norte, indicó, sin embargo, que muchos de los lugares donde una avioneta puede aterrizar están comprometidos por el hielo que se derrite.

La utilización del pasaje entre los dos océanos también preocupa a las comunidades aborígenes.

“Desde el punto de vista de los inuit, esas son aguas territoriales canadienses. Los recursos que yacen bajo el mar son de un enorme beneficio potencial para ellos. El porcentaje que les correspondería es un tema político de proporciones y algo aún no fue acordado con el gobierno”, señaló Penikett.

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