El club nuclear se cambia de ropa

1 Giugno 2009 · Nucleare / Nuclear

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Por Sara Larraín

Es falso que la generación eléctrica en reactores nucleares no genera dióxido de carbono, el principal gas invernadero, afirma en esta columna la chilena Sara Larraín.

SANTIAGO, 11 may 2009 (Tierramérica).- Usted y yo sabemos que toda estructura de lucro, en este caso el negocio de la energía nuclear, necesita actualizar sus discursos promocionales para seducirnos y así movernos a comprar su mercancía.

Si en la década de 1960 la industria del sector y sus grupos de presión decían que esta tecnología era “una fuente inagotable y segura” para América Latina –publicidad desmentida por fracasos económicos y accidentes radiactivos conocidos–, hoy aprovechan la nueva coyuntura planetaria para cambiar ropajes y mostrar a la energía nuclear como “la solución” a los imperativos del cambio climático.

El afán está dado porque en Occidente las centrales nucleares llegan al final de su vida útil, razón por la cual estas empresas necesitan vender nuevos reactores para, al menos, mantener sus cuotas de mercado.

Con ese fin se concentran en países donde hay democracias nuevas o poco profundas, escasa (o no vinculante) participación ciudadana y clases políticas afines al cogobierno con grandes grupos empresariales, dado el poder de éstos para financiar campañas políticas y presionar en nombre de “la confianza de los inversores”.

Con pequeñas modificaciones discursivas, varios gobiernos sudamericanos están cediendo. El de Brasil aduce interés por el “œliderazgo en investigación científica”. Si Brasil dice que sí, Argentina no quiere ser menos y agrega razones geopolíticas.

El gobierno de Alan García, a su vez, apela a un excepcional y transitorio crecimiento económico de Perú para avalar un enfoque extractivista de los recursos naturales, y así cede a intereses mineros sobre nuevos yacimientos de uranio. En Chile, miembros de los partidos que conforman el gobierno de Michelle Bachelet forzaron a la mandataria a ignorar un compromiso ciudadano contrario a la opción nuclear.

En Uruguay, en tanto, el presidente Tabaré Vázquez aprovecha un respaldo en las encuestas para desvirtuar las críticas de expertos y organizaciones ciudadanas locales a esa forma de energía.

Según la industria nuclear, esta opción “œno emite dióxido de carbono” y por ello frenaría el calentamiento global, causado por la emisión de gases de efecto invernadero. El cálculo, sin embargo, parcela la producción de una central nuclear.

Cualquiera puede acudir a las páginas web de la Agencia Internacional de Energía (AIE), del Energy Watch Group, una red internacional de científicos y parlamentarios, y del Oxford Research Group de Gran Bretaña, dedicado a promover soluciones no militares a los conflictos.

Allí verá estudios que demuestran que la energía nuclear produce hasta 122 gramos de dióxido de carbono por kilovatio/hora generado, si se considera el ciclo completo del combustible nuclear, el uranio.

Ese ciclo incluye faenas de extracción del uranio –de alta ley o pureza, pues de otro modo las emisiones superan la de una central a gas–, la mineración o separación del mineral del resto de la roca, el traslado, la construcción y desmantelamiento de la central nuclear, y el procesamiento de residuos radioactivos para su posterior confinamiento.

En cuanto al precio, la energía nuclear es la más cara y siempre demanda enormes subsidios fiscales. Entre 2004 y 2007, el precio del uranio subió más de 570 por ciento y llegó a 113 dólares la libra.

Desde entonces, como el petróleo, este mineral registra notables fluctuaciones por la sostenida baja en la producción mundial. La AIE identifica reservas probadas de uranio para 85 años más, siempre que no se expanda el actual parque atómico mundial. Por ello, la generación nuclear de electricidad es ya obsoleta y sin futuro.

Los ciudadanos debemos exigir que la política energética sea un reflejo del entendimiento que hoy tenemos: la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales deben sustentar mayoritariamente la matriz eléctrica del continente, para garantizar sustentabilidad ambiental y democrática.

La energía nuclear, las termoeléctricas a carbón y petróleo y las grandes represas hidroeléctricas fuerzan el pago de subsidios de hecho por parte de la salud de las personas, de otras economías locales, como la agricultura y el turismo, y del patrimonio natural.

Con el contexto del cambio climático, el cuidado que ameritan nuestros recursos hídricos es incompatible con la gran demanda de agua de la minería del uranio.

Por ello, la sociedad civil organizada observa con beneplácito el liderazgo de Uruguay, que incluyó en su Constitución la consideración del acceso al agua como un derecho humano y sentó las bases para que su gestión fuera pública y basada en criterios de participación social y sustentabilidad. Igual de loable es el camino iniciado por Colombia para adoptar el acceso al agua como derecho fundamental.

Si nuestros países ceden a la presión por concentrar enormes inversiones fiscales en el desarrollo nuclear, sufriremos nuevas mermas democráticas, que limitarán el accionar ciudadano en la definición de la política pública, en un escenario marcado por restricciones drásticas, derivadas de los múltiples desafíos ambientales de América Latina.

* Sara Larraín es directora del no gubernamental Programa Chile Sustentable. Derechos exclusivos Tierramérica.

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