Frenazo a las renovables en España

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La nueva legislación dificulta el desarrollo de las fuentes de energía limpia en España
Miguel G. Corral
El Mundo

El mundo entero está pendiente de las energías renovables. El anuncio de Barack Obama de un plan para reducir su dependencia del petróleo exterior y para crear cinco millones de ‘empleos verdes’ en Estados Unidos basados en las fuentes limpias ha agitado la política energética mundial. Además, un reciente informe del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP) afirma que en 2008 se destinó, por primera vez, más dinero a las energías renovables que al carbón y al petróleo, sobre todo en países como China y Brasil.

Sin embargo, en España el discurso del presidente del Gobierno y las decisiones que toma su ministerio de Industria en materia de energías renovables no pueden estar más alejados. “Hay una falta de coherencia incomprensible entre lo que dicen y lo que reflejan sus reformas legislativas”, dice Javier García Breva, miembro de la junta directiva de la patronal de las energías renovables (APPA).

La reciente modificación legislativa del sector de las renovables supone un frenazo para el desarrollo de las fuentes limpias de energía, según APPA. Pero la patronal no es la única organización que lo pone de manifiesto. La Comisión de Energía del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales ha elaborado un informe de reflexión acerca del nuevo Real Decreto (6/2007) en el que afirma que supone un frenazo al desarrollo de fuentes como la solar termoeléctrica.

Nuevas reglas del juego

Una de las reformas básicas que recoge el documento es la obligación de acreditar en un registro del Ministerio de Industria que se dispone del 50% de la inversión total y de los equipos tecnológicos comprados antes incluso de saber si se aprobará el proyecto. Para los expertos del Colegio de Ingenieros Industriales esto beneficia a las grandes empresas, mientras que las pequeñas tendrán dificultades para cumplir los nuevos requisitos. “Además, se ha dejado un plazo de 30 días a las plantas en fase de proyecto para reunir las condiciones que impone Industria, nosotros demandamos desde el colegio que fuera un mínimo de seis meses para evitar que se pierdan las inversiones ya realizadas”, asegura el presidente de la Comisión de Energía, Pablo León.

“La nueva directiva de la UE pide a los estados miembros que avancen en la eliminación de dificultades para la tramitación administrativa”, dice García Breva, “y este nuevo real decreto sólo añade mayores complicaciones”. Para los responsables de APPA el nuevo documento esconde una clara intención de frenar el desarrollo de las fuentes limpias de energía. “Si se quisieran impulsar de verdad no se pedirían los mismos requisitos para una gran instalación que para un pequeño productor privado”, asegura García Breva.

“España no va a conseguir el objetivo marcado por la UE de que las renovables cubran el 12% de la demanda de energía primaria en 2010, pero las directivas no establecen sanciones, son muy voluntaristas”, lamenta García Breva.

Un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía, una organización que siempre ha defendido los intereses de la industria petrolera, aconseja a los Gobiernos que multipliquen por tres sus inversiones en energías renovables entre 2009 y 2030 para poder mantener la concentración de gases de efecto invernadero y limitar así el aumento de la temperatura global en 2ºC.

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