Pesticidas ilegales arruinan la cosecha de agricultores canarios (y nueva legislación europea)

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09/02/09,fuente: www.abc.es – Moy Álvarez

Cuando hace poco más de dos semanas que la Unión Europea (UE) emitió un dictamen que otorga a los Estados un plazo de tres años para sustituir los pesticidas que contengan sustancias peligrosas por alternativas más seguras, el secretario regional de Organización de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Mario Escuela, ha asegurado a ABC que son varios los casos en los que producciones agrarias del Archipiélago han tenido que acabar en el vertedero. “Ha ocurrido en más de una ocasión que el empleo de productos prohibidos ha terminado con la producción de agricultores canarios en la basura”, explica.

En ocasiones, son las mismas cooperativas las que descubren la utilización de estas sustancias prohibidas y destruyen la producción, pero el representante de UPA Canarias asegura que, “en ocasiones, los productos han llegado a enviarse a la Península, desde donde han sido devueltos”.

También dirigentes

Podría pensarse que la utilización de estos productos ilegales deriva del desconocimiento que muchos agricultores pueden tener sobre la materia, sin embargo, más complejo resulta explicar cómo puede ocurrirle a empresarios del sector. “Algunas de estas producciones que han acabado en el vertedero pertenecían a ciertos dirigentes agrícolas del Archipiélago”, señala Escuela.
Pese a estos hechos, el secretario de Organización de UPA Canarias asegura que en las Islas, en general, “se están cumpliendo las normas” en esta materia, aunque reconoce y matiza que el respeto de los mandatos de Europa implica también un descenso de la producción. “Al cumplir con la normativa, desciende el volumen de producción”, comenta.

Controlar todo por igual

De un tiempo a esta parte, y aunque parece haber rebajado sensiblemente sus pretensiones iniciales, la UE viene endureciendo el control sobre el uso y la utilización de productos fitosanitarios en el campo. Esta situación, que puede interpretarse como lógica, tiene también su otra cara de la moneda, y es que Europa no puede llegar hasta el control de las producciones de terceros países, que en muchos casos acaban llegando a los mercados del Viejo Continente, y, por ende, de Canarias, sin prácticamente control alguno.
“Mientras que se exige a los países miembros una serie de controles exhaustivos, la producción de otros países apenas pasa filtro alguno”, lamenta Escuela. Esto, además, no es algo que ocurra sólo en la producción agrícola, puesto que en la ganadería ocurre algo similar. “Hay demasiados controles”, sentencia. Por todo ello, el sector primario de Canarias afronta una situación de desventaja frente a otras zonas productivas.

Productos ecológicos

En cualquier caso, el futuro que dictan los organismos supranacionales apunta a un uso cada vez más extendido de los productos ecológicos o integrados. En este sentido, la UE manejaba hasta hace pocas fechas la idea de rebajar la utilización de insecticidas en un 60 por ciento, algo que, según distintas organizaciones del sector, podría haber puesto en entredicho la competitividad de muchas explotaciones, amén de haber incrementado los precios notablemente.

Finalmente, el dictamen de la Eurocámara prohibirá el empleo de sustancias químicas “muy tóxicas” para la salud y el medio ambiente en la fabricación de pesticidas, en especial aquéllas con propiedades cancerígenas, mutagénicas o que afecten a la reproducción. España, y el resto de Estados miembros, disponen ahora de un plazo de alrededor de año y medio para aplicar la nueva normativa.

En cuanto a los pesticidas, aquéllos que contengan sustancias peligrosas tendrán que ser sustituidos por alternativas que ofrezcan seguridad en un plazo de tres años.

Eso sí, para los productos que aun no cumpliendo con estos criterios y requisitos sean imprescindibles para combatir el riesgo en la salud de una planta, el Parlamento europeo fija una moratoria de cinco años.

Así pues, y pese a las intenciones de Europa, los ejemplos que denuncia la UPA ponen de manifiesto el largo trecho que aún queda por recorrer en esta problemática. Además, el texto resultante no dice qué productos son compatibles con la normativa, algo que supedita a su evaluación. Así, y hasta que el sector agrícola no conozca con certeza qué productos quedan excluidos, no podrá trabajarse en una alternativa.

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