El herbicida nuestro de cada día

images-31.jpg si esto hace a la planta ¿que me hará a mi?

Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, feb 2009 (IPS) – Bucólico refugio de la contaminación urbana, el campo argentino se ha vuelto para mucha gente un sitio del que quiere huir. El empleo masivo de herbicidas en los cultivos de soja, primer producto de exportación, está creando “una catástrofe sanitaria” en el ámbito rural, afirman ecologistas.

Un informe redactado por el no gubernamental Grupo de Reflexión Rural (GRR) describe casos de cáncer en edades tempranas, malformaciones congénitas, lupus, problemas renales, enfermedades respiratorias y dermatitis en aumento, basado en testimonios de médicos rurales, especialistas y habitantes de decenas de localidades del interior país.

El GRR realiza desde 2006 una campaña para identifica los pueblos afectados por la fumigación con glifosato, el herbicida tolerado por las variedades de soja transgénica plantadas en Argentina, que elimina toda especie vegetal que no sea la oleaginosa. Cuando es rociado desde aviones, la forma más eficiente de aplicación, la deriva cae sobre zonas pobladas, dice el informe “Paren de fumigar”.

Cincuenta por ciento del área agrícola argentina está ocupada por soja. En la central provincia de Córdoba la proporción supera 80 por ciento. El país produce unos 48 millones de toneladas que exporta a China e India. Y, según datos oficiales, se requieren unos 200 millones de litros de glifosato por año para pulverizar los campos.

Por su fácil manejo y el aumento de la demanda en mercados asiáticos, la leguminosa se extendió desde mediados de los años 90 a expensas de otros cultivos, de la ganadería y de los bosques. Pero, aparentemente, no fue solo diversidad agrícola y natural lo que se perdió.

La soja ha arrasado con corredores verdes de protección que bordeaban los poblados, formados por huertas familiares, granjas lecheras y de pequeños animales y plantaciones de frutales, afirma el estudio. Y la población de esas zonas quedó expuesta a los daños de la fumigación aérea.

El glifosato es el componente activo del herbicida Roundup, patentado por la corporación de la biotecnología Monsanto, que lo vende junto con su semilla transgénica de soja Roundup Ready. La empresa ha negado que, en condiciones adecuadas de uso, el producto sea nocivo para la salud humana.

El glifosato es también principal ingrediente de las fumigaciones áreas que se practican contra plantaciones ilegales de coca en Colombia, y su uso en zonas fronterizas con Ecuador ha dado lugar a denuncias de este país por daños a la agricultura y a las personas.

El proceso de control de malezas y plagas se realiza sobre todo mediante glifosato y el pesticida endosulfán. En el barrio Ituzaingó Anexo, en los suburbios de la capital de la provincia de Córdoba, los vecinos reclaman desde 2000 que cesen las fumigaciones.

Luego de varias denuncias judiciales y estudios sanitarios, a fines de 2008, un fiscal hizo lugar a una medida cautelar y, de momento, la pulverización en zonas aledañas al barrio está suspendida.

Como parte de su campaña “Paren de fumigar”, el GRR apoyó demandas de los vecinos, recogió testimonios de afectados e incorporó estudios médicos de personas damnificadas. Esa investigación fue presentada este año a la justicia federal y a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

El abogado Osvaldo Fornari, del GRR, dijo a IPS que se solicitó a la justicia federal que investigara el proceso de aprobación de los herbicidas y plaguicidas y que, en base al principio precautorio, adoptara “una medida cautelar” como la suspensión de la venta y el uso de productos sospechosos de causar contaminación en el campo.

La idea es que la medida aplicada en el barrio Ituzaingó Anexo se adopte en el plano nacional: un freno preventivo al uso de herbicidas muy tóxicos. Los activistas sostienen que las autoridades provinciales tienen dificultades para frenar el uso de agroquímicos, cuyo uso fue autorizado en los años 90 por autoridades nacionales.

También se pidió a la presidenta que declarara “la emergencia ambiental” por esta causa.

Fernández ordenó instalar una comisión, coordinada por el Ministerio de Salud, para investigar “las causas y efectos vinculados a los contaminantes”, trabajar en prevención y brindar “asistencia y tratamiento” a las personas intoxicadas.

El decreto presidencial prevé además la adopción de pautas para el uso racional de agroquímicos y, de ser necesario, su “eliminación”.

La ingeniera agrónoma Alida Gallardo, agricultora orgánica del municipio bonaerense de Trenque Lauquen, sostiene que el problema allí es “gravísimo”.

“Nosotros estamos en el área complementaria, alrededor del centro poblado. Al lado tenemos campos de soja con fumigación. Hace tres años nos quemaron la producción y ahora está más controlado”, dijo a IPS.

“La soja dio lugar a estos tóxicos y ahora se los está aplicando a otros productos, como el trigo. La gente tiene que entender que la contaminación no es solo para el campo, sino para el que consume alimentos también”, afirmó.

Pero el también agricultor Omar Barzeta, de Federación Agraria de la nororiental provincia de Santa Fe, dijo a IPS que “los tóxicos, con precaución, se pueden usar porque hay que combatir las malezas y los insectos, pero siempre cuidando la deriva”.

“Hay una ley que prohíbe fumigar en zonas pobladas, pero es cierto que mucho no se cumple. El municipio debería velar para que se aplique, siempre con el consenso de todos, de los productores, de los vecinos”, añadió.

Para Fornari, la contaminación por glifosato es consecuencia del modelo agroexportador basado en el cultivo intensivo de soja. “La esencia del modelo, la producción de soja, es un campo desierto, sin agricultores, un esquema que propicia el despoblamiento”, opinó.

El informe del GRR afirma que la plantación de soja llega hasta las calles de algunos poblados. Las máquinas y recipientes utilizados para fumigar se lavan y guardan en zonas urbanas, y los granos, que diseminan partículas tóxicas, son almacenados en silos situados también entre viviendas, escuelas y otras instituciones de la ciudad.

Los testimonios corresponden a decenas de lugares en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, corazón del área agrícola, cuyos habitantes reclaman un cinturón de protección al que no puedan acercarse los aviones fumigadores.

Hace 30 años vivir en el campo era sinónimo de vida sana, ahora es “una práctica suicida”, afirma Mario Córcora, de Junín, una ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires (centro-este), muy afectada por el herbicida.

En Santa Fe, la gente del barrio Malvinas de la ciudad de Rosario, logró que se trasladaran ocho acopiadoras de cereal con silos en zonas urbanas, denunciando que la salud de la población se veía afectada por su presencia.

Un estudio del Hospital Italiano Garibaldi de Rosario reveló que en seis poblados de la región los casos de cáncer de testículos y gástricos en varones son tres veces más frecuentes que en el promedio nacional, los de hígado, 10 veces más frecuentes y los de páncreas y pulmón, dos veces más frecuentes.

En el paraje cordobés de Alta Gracia, que atrajo en los años 30 a la familia del entonces niño Ernesto “Che” Guevara afectado por el asma, es ahora uno de los sitios afectados por las fumigaciones.

El revolucionario argentino-cubano no soportaría vivir hoy en Alta Gracia, que fue una villa turística reconocida por su clima seco, apto para la recuperación de enfermedades respiratorias.

En Basavilbaso, en la nororiental Entre Ríos, el ex fumigador Fabián Tomasi, de 43 años, perdió masa muscular, padece infecciones en articulaciones, afecciones digestivas y respiratorias y ardores en la piel, que lo obligan a dormir sentado. Ninguno de estos males pudo ser atribuido a otra causa que no fuera la exposición a agrotóxicos.

Otro caso que se investiga en esa provincia es el de la familia Portillo. El padre, Walter, que vive en la localidad Costa Las Masitas, está en silla de ruedas por una neuropatía. Su hijo murió a los ocho años de edad, tras sufrir cefaleas, vómitos y fiebre, al igual que dos sobrinos pequeños.

La justicia investiga si está contaminado el arroyo de esa zona rural, en el que se bañaban los niños.

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