Derogan una ley de cultivos en el Delta para evitar su contaminación

El gobierno tomó la decisión tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos

Por Jorge Riani | Para LA NACION

PARANA.- La Legislatura entrerriana derogó una ley luego de un mes de haberla creado, ante la resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el ingreso de agroquímicos.

El proyecto en cuestión apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el Litoral.

La Legislatura de Entre Ríos aprobó el proyecto impulsado por el poder ejecutivo entrerriano, mediante el cual se creaba una sociedad anónima para la utilización productiva de las tierras fiscales, incluyendo las que integran los humedales de las islas. Se trató de la ley Nº 10.092 publicada el 26 de diciembre último en el Boletín Oficial, que otorgaba en concesión las tierras fiscales del Delta con el fin de destinarlas a la explotación agrícola intensiva.

Pero la nueva norma, que derogó la anterior, limita el uso de las islas a la ganadería, la apicultura y el turismo, prohibiendo taxativamente la “explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas”.

La creación de la ley de explotación de los humedales se enmarcó en un proceso de recuperación de islas fiscales que estaban en manos privadas por arrendamiento o por usurpación. De ese modo, el Estado provincial logró sumar a su dominio más de 200.000 hectáreas, de las cuales 60.000 se ubican en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.

La ley establecía una sociedad anónima llamada Arroz del Delta Entrerriano y que tendría una vigencia legal de 99 años. La norma, antes de su derogación, estableció además que la dirección y administración estuviera a cargo de un directorio con facultades para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para explotar las tierras.

La medida había sido impulsada por la Fiscalía de Estado, lo que no generó ningún tipo de resistencia. Lo que sí preocupó fue el destino que se les pretendía dar a esas tierras, muchas de ellas vírgenes.

“El Paraná no se toca”

Por eso, la sanción de la ley en diciembre del año pasado desató una tormenta de críticas de entidades ambientalistas de ambas orillas del Paraná.

Desde la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, su titular, Jorge Cappato, cuestionó la decisión entrerriana de explotar los humedales de las islas, planteó la preocupación por el futuro uso de agroquímicos y recordó que “los esteros, bañados, islas del Paraná y los ecosistemas donde el agua es el factor predominante, tienen un valor biológico extraordinario”.

En tanto, el principal referente de la Fundación M’Bigua, con sede en Entre Ríos, Jorge Daneri, dijo a LA NACION que los postulados constitucionales de protección al medio ambiente “fueron amenazados por una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia que establece la creación de nada menos que una sociedad anónima en la que el Estado será minoritario”.

En Rosario, la ley impulsada por Entre Ríos también generó una fuerte resistencia. “¡El Paraná no se toca!”, fue el título de la convocatoria que se hizo por Facebook para protestar contra la explotación de los humedales de las islas, en una manifestación que llegó a congregar a centenares de personas frente al Monumento a la Bandera.

Por toda esa resistencia, la ley fue derogada por los mismos que la aprobaron un mes y medio atrás..

Seguici in Facebook