Contaminados sin respuesta

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Por Adrianne Appel

BOSTON, jul 2007 (IPS) – Una agencia del gobierno de Estados Unidos detectó grandes concentraciones de dioxinas en la sangre de habitantes de la pequeña ciudad de Mossville, en el meridional estado de Louisiana, y no hizo nada para remediarlo.

Alrededor de Mossville se encuentran 14 plantas químicas, incluidas la de la gigante petrolera ConocoPhillips y la de Georgia Gula, fabricante de productos de vinilo cuyos ingresos ascendieron a unos 2.400 millones de dólares en 2006, según la propia empresa.

Las plantas emiten al aire cantidades tóxicas de dioxinas, según los habitantes de Mossville. Los compuestos liberados son productos secundarios del procesamiento de petróleo y de la fabricación de vinilo.

Los estudios revelan gran incidencia en la comunidad de cáncer, problemas en las vías respiratorias altas y en el sistema reproductivo. La población de Mossville lo atribuye a la contaminación con dioxinas.

“Aquí la gente está totalmente intoxicada. Nos está matando”, protestó Shirley Johnson, residente de esa localidad.

La Agencia de Registro de Enfermedades y Substancias Tóxicas (ATSDR, por sus siglas en inglés) pasó cinco años sin publicar el resultado de sus análisis ni permitir que la población de Mossville tuviera acceso a ellos, según residentes y abogados que los representan.

La ATSDR realizó en 1999 análisis de sangre a 28 personas de Mossville y descubrió entre dos y tres veces más toxinas de la cantidad considerada normal.

La agencia no dio entonces explicaciones ni mencionó a las fábricas como fuente probable de contaminación.

En 2002, funcionarios de ATSDR volvieron a analizar muestras de sangre de 22 personas. En esa oportunidad encontraron que la cantidad de dioxinas promedio había disminuido ligeramente, pero continuaban entre dos y tres veces por encima de lo normal.

Ese mismo año, una dependencia de la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) descubrió cloruro de vinilo (o cloroetileno) en el aire de Mossville en concentraciones 100 veces por encima de lo permitido por las leyes estadounidenses. Las de dicloruro de etileno eran 20 veces superiores al máximo admitido.

Otra vez, la ATSDR no consideró la responsabilidad de las fábricas.

“Se desconoce la fuente de exposición de la población de Mossville”, señala el informe elaborado en 2001 por esa agencia, que no fue divulgado al público sino hasta 2006, sin dar explicaciones de la tardanza.

“Esto sólo puede calificarse de cruel indiferencia de las autoridades hacia la población de Mossville, que está enferma y se muere a causa de las toxinas que les tiran encima”, señaló Nathalie Walker, abogada de Defensores de los Derechos Humanos Ambientales, organización que representa a la localidad.

Esa comunidad fue fundada a fines del siglo XVIII. La población, mayoritariamente negra, no tiene derecho a voto par elegir las autoridades de Louisiana, sino sólo para las federales.

Pero tampoco tiene poder para controlar qué empresas se instalaban en su territorio. Algunas fábricas se ubican a 15 metros de las casas particulares.

“Vivo en una comunidad que se muere. No hay más escuelas. Se perdió casi toda la luz y de la alegría”, dijo Delma Bennett, habitante de Mossville que fotografía a enfermos que respiran con asistencia artificial.

La ATSDR no cree que la cantidad de dioxinas detectadas sea suficientemente alta como para causar problemas de salud, dijo a IPS Steve Dearwent, epidemiólogo responsable del estudio de 2001.

Dearwent brindó declaraciones para este informe a condición de que un experto en comunicaciones de la agencia presenciara la conversación.

La población adulta presenta cantidades más altas de dioxinas en la sangre. Los más jóvenes tienen concentraciones cercanas a la normalidad.

Eso responde al tiempo de exposición a las dioxinas. Además, una fuente puede ser la comida comprada fuera del hogar, que suele tener cierto grado de toxicidad.

“Muchos creen que toda exposición a dioxinas está vinculada a la industria. Nuestra interpretación es que su presencia se relaciona con el tipo de dieta”, sostuvo Dearwent.

Pero el propio epidemiólogo admitió el análisis de los alimentos de Mossville no arrojó altas cantidades de tóxicos.

Antes de abandonar Mossville en 2001, los expertos de la ATSDR recomendaron a la población cambiar su dieta, indicó Dearwent.

No hay pruebas de que las fábricas liberen dioxinas que afecten a esa comunidad, afirmó.

“Si hay una cantidad exorbitante de dioxinas tienen que aparecer en el suelo, el polvo y la gente. En especial en los más jóvenes”, y los resultados no muestran esa situación, aseguró.

Pero esa interpretación de los hechos contrasta con la de la experta independiente Wilma Subra, contratada por Defensores de los Derechos Humanos Ambientales para realizar un estudio sobre la situación de Mossville.

Subra encontró dioxinas en el suelo en concentraciones entre dos y 230 veces superiores de lo que la EPA considera aceptable.

Además, la composición de las dioxinas detectadas por la ATSDR en la sangre de la población de Mossville es idéntica a la de las emisiones de las cinco fábricas de vinilo del área. “Se trata de una exposición inapropiada para una comunidad”, afirmó Subra.

Louisiana es conocida por su historia de graves problemas ambientales. Lo que sucede en Mossville es un reflejo de ello, indicó Walker.

“Estamos en contra de que las corporaciones controlen Louisiana. Hay grandes lobbies con mucha influencia”, señaló Monique Harden, abogada de Defensores de los Derechos Humanos Ambientales.

Algunas de las fábricas, incluso, elevaron sus emisiones en los últimos tiempos, añadió.

Por su parte, Georgia Gulf señaló que las fábricas de Mossville mejoraron su relación con el ambiente.

“La industria redujo más de 80 por ciento el total de emisiones en Louisiana desde 1987”, dijo a IPS el portavoz de esa compañía, Will Hinson.

Otra organización ambiental de Mossville presentó en 2005 una demanda contra el gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, alegando que se violaban los derechos de esa comunidad.

Aún esperan respuesta del Departamento de Estado (cancillería) de este país, apuntó Walker.

Varios residentes de Mossville viajaron a fines de este mes a Washington para prestar testimonio ante un comité del Senado acerca de la actitud de ATSDR y de la EPA y pidieron ayuda para combatir la contaminación en su ciudad.

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