Argentina: más soja, menos bosque y nada de agua

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Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, mar 2009(IPS) – En la central provincia argentina de Córdoba, la prosperidad del campo contrasta con un panorama ambiental desolador: el distrito ostenta la tasa más alta de deforestación de todo el país y hay numerosas localidades sin agua debido a las alteraciones climáticas provocadas por desmontes.

En los últimos años la soja se transformó en el principal cultivo de exportación de Argentina, y Córdoba se volcó masivamente a producir la leguminosa para el mercado mundial. Con la devaluación monetaria de 2002 los beneficios se multiplicaron.

Pero la extensión del monocultivo no tardó en mostrar su contracara. Según datos de la Dirección de Bosques del gobierno nacional, Argentina afronta “la deforestación más fuerte de su historia” debido “al reemplazo de bosques por soja”, y Córdoba es la provincia donde el proceso fue más devastador.

En la última década, junto con el incremento del cultivo, la provincia perdió cada año, en promedio, tres por ciento de sus bosques nativos. De las 10 millones de hectáreas de bosques que había hace un siglo, queda apenas 12 por ciento. Pero la peor destrucción se registró en las sierras, donde hay sólo dos por ciento de la superficie boscosa original.

“Las sierras son esponjas que absorben el agua y la van liberando a lo largo del año. Pero al deforestar en gran escala, el agua de lluvia escurre rápidamente para abajo como si se deslizara por una autopista”, explicó a IPS Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), con sede en Córdoba.

Montenegro, que obtuvo el Premio Nobel Alternativo del parlamento sueco en diciembre de 2004, sostuvo que el drama de la deforestación de los bosques de montaña en su provincia consiste en que se “destruye la fábrica de agua” que funciona naturalmente, y que eso causa escasez del fluido.

En la región conocida como Sierras Chicas, que alberga numerosas localidades de decenas de miles de habitantes, la falta de agua obligó en los últimos meses a efectuar cortes del suministro. El dique La Quebrada, que provee de agua a toda el área, apenas está en condiciones de cubrir la mitad de la demanda actual.

Los técnicos aseguran que en periodos normales la planta potabilizadora trataba unos 500 metros cúbicos de agua por hora, y actualmente no puede llegar a los 300 porque a ese nivel ya extrae lodo. Eso ocurre porque el embalse sufrió en unos meses una bajante de casi 10 metros, muy superior a lo normal en otros veranos.

El vicegobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció la realización de obras para aumentar la provisión y atribuyó “al comportamiento de la naturaleza” el colapso del agua.

El funcionario admitió que mientras el exceso de lluvias provoca anegamiento en el sur provincial, en el noroeste “no llueve lo suficiente”.

En este contexto, la Agencia Córdoba Ambiente, que es el área gubernamental encargada de los temas ambientales, elaboró un proyecto muy controvertido, transformado este mes en ley, que “prohíbe el desmonte total” por 10 años pero permite “intervenciones sustentables” en el bosque nativo.

Esa medida se apoyó en un acuerdo previo con productores agropecuarios, cuestionado por grupos ambientalistas porque los mantuvo al margen de la discusión, al igual que a los académicos, según explicó Montenegro.

En diálogo con IPS, el director de la Agencia, Sergio Nirich, aseguró exultante que la ley “va a hacer escuela” en todo el país.

El funcionario admitió que en el último siglo la curva de deforestación en Córdoba estuvo siempre en alza, con periodos en los que esa suba fue apenas menos acelerada que ahora, pero pronosticó que “con esta ley vamos a frenar la curva, y en cuatro o cinco años vamos a comenzar a revertir la tendencia, aunque sea recuperando una hectárea por año”.

La norma establece la “prohibición del desmonte total de un bosque nativo con la finalidad de afectar esa superficie a actividades que impongan un cambio en el uso del suelo”. Eso significa que la deforestación quedaría prohibida cuando el objetivo perseguido sea el cultivo en gran escala de cereales, explicó Nirich.

El funcionario remarcó que sí se permite el “desmonte selectivo” para actividades como la ganadería, la apicultura y el cultivo de vides, olivos o distintas plantas aromáticas.

“Tenemos que aprender a usar los recursos naturales de manera sustentable para poder crecer económicamente y distribuir las riquezas”, y si bien la provincia debe producir “más toneladas de soja”, tiene que hacerlo “con más eficiencia en la misma cantidad de tierra” y “no a costa del bosque”, opinó.

La norma prevé multas, arresto, suspensión de actividades, inhabilitación, clausuras y decomisos para sus infractores. Y para controlar que se cumpla se apelará al sistema de imágenes satelitales que registran el mapa de los bosques con periodicidad semanal.

Sin embargo, Montenegro piensa que la nueva norma no es una solución adecuada, y la misma posición asumió la organización ambientalista internacional Greenpeace. Los ecologistas consideran que lo más efectivo para frenar lo que consideran un descalabro es prohibir los desmontes durante un periodo e imponer penas “de prisión” a quienes no cumplan la norma.

“Este es el golpe de gracia para los escasos bosques que quedan en la provincia”, sentenció el activista. “Es una medida irracional, sin base técnica, y hará que las futuras generaciones en Córdoba se queden sin agua”, alertó.

“Si (las autoridades) no pudieron evitar que se llegara a este punto (de deforestación), tampoco van a poder controlar con esta ley”, desconfió Montenegro, y denunció además que los productores que intervinieron en la redacción de la norma “son los principales responsables del espantoso desmonte que sufrió la provincia”.

Por su parte, Greenpeace lidera una campaña para frenar el avance de los cultivos sobre una reserva natural en la provincia de Salta, en el noroeste del país El área protegida fue “desafectada” por el gobierno provincial y loteada entre productores rurales cuyos bulldozers arrasan ahora con los bosques de la región.

Lo mismo sucede en Santiago del Estero, al norte de Córdoba, y el Movimiento Campesino de esa provincia, antes eminentemente forestal, logró junto con otras agrupaciones una moratoria de seis meses para frenar la tala de bosques.

Pero Córdoba, Salta y Santiago del Estero son apenas tres de las siete provincias argentinas donde el proceso de destrucción de bosque nativo es “más intenso”, según el informe de la Dirección de Bosques Nacional. El organismo señala que en todo el país se pierden sin remedio unas 200.000 hectáreas de bosques al año.

Para detener esa sangría, las organizaciones coinciden en la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial y una ley de bosques que prohíba la deforestación por un periodo suficiente para permitir la recuperación natural de los ecosistemas.

Estas iniciativas son reconocidas como necesarias por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, pero su instrumentación parece por ahora más lenta que el accionar de los bulldozers y la avidez de los productores agropecuarios, deseosos de obtener ganancias rápidas.

“La prohibición absoluta de deforestar y las penas de prisión para los que desmonten son instrumentos que van a llegar en unos años más, pero el problema es que lo harán cuando ya sea muy grave el problema actual de la falta de agua”, alertó Montenegro. ((FIN/2005)

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De aquellas talas vienen estos lodos
Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, 11 feb (IPS) – Un alud de agua y barro inundó parte de la noroccidental ciudad argentina de Tartagal, arrasó con puentes, casas y dos personas aún están desaparecidas. Vecinos y ambientalistas acusan a la deforestación indiscriminada y a la falta de planificación urbana.

“Fue un ruido impresionante cuando venía la creciente. Desperté a mis hijos, los saqué a la calle junto a mi esposa y a mi padre, y a los 10 minutos el agua nos llegaba a la cintura y se llevaba los muebles”, contó azorado Orlando Carrizo, uno de los casi 800 evacuados en esta localidad de la provincia de Salta situada a 1.800 kilómetros de Buenos Aires.

Las autoridades provinciales, que no descartan un nuevo deslizamiento de lodo como el del lunes si persisten las fuertes lluvias en la región, estiman que los afectados por la pérdida de viviendas y bienes son alrededor de 10.000, la mayoría de los cuales siguen alojados en casas vecinas.

En este distrito, donde habitan 56.000 personas, hay 2.500 viviendas afectadas, algunas arrasadas y otras con daños de diversa magnitud.

La ciudad ya había sufrido una tormenta de semejante impacto hace tres años, cuando el río Tartagal se ensanchó y se precipitaron al cauce casas y calles. En aquel momento la erosión arrasó con 60 viviendas y un puente. Ahora, cuando se construían nuevas defensas, la lluvia, menos intensa, provocó un desastre mayor.

El agua arrastró troncos y piedras de las laderas de los montes, de tierra arenosa, formando un dique que desbordó el río hacia los márgenes, hasta 500 metros de cada lado. Un puente ferroviario metálico, empujado también por la corriente, cayó sobre otro igual para vehículos, causando aún mayores obstáculos a la corriente.

Los barrios más afectados fueron los que viven familias de escasos recursos, en la periferia de la ciudad y cercanos al curso de agua, donde las viviendas quedaron cubiertas hasta el techo, sobre los cuales se refugiaron algunos vecinos.

En los barrios del casco urbano el alud ingresó también con violencia y dejó marcas de más de un metro en el interior de las casas. Muebles, electrodomésticos, ropa, libros, todo se perdió en el lodo. En las calles, el pavimento quedó cubierto de barro, piedras y troncos, con vehículos desplazados por la corriente.

Silvia Alfaro, residente de Tartagal, cuenta angustiada que logró salvar a su hija de dos años, pero no pudo volver para asistir a su madre y a su abuela, arrastradas junto con su vivienda precaria. “La casa se desarmó y hay gente que vio cuando el agua se las llevaba”, dice llorando. Las mujeres permanecen desaparecidas.

El gobierno nacional afirma que la tragedia “no pudo evitarse” y que es consecuencia de un “desastre natural”. Así lo explicó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al recorrer la zona afectada junto al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Sin embargo, ecologistas y vecinos de Tartagal rechazan estos argumentos. “Dicen que la tormenta se llevaba árboles con raíz y todo pero no es cierto, la mayoría son troncos talados con máquinas”, aseguró a la televisión local un residente mientras empuñaba una pala con la que intentaba sacar el lodo de su casa. “Esto es por el desmonte, hace rato que lo venimos diciendo”, protestó.

En diálogo con IPS, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques del capítulo argentino de Greenpeace, dijo que la deforestación para la expansión del cultivo de soja y la tala indiscriminada con fines madereros dejan a la región extremadamente expuesta a la erosión hídrica y los consecuentes deslaves y aludes.

También hay pozos en los bosques realizados por los productores de hidrocarburos al norte de la cuenca. De hecho, en las calles de Tartagal fueron halladas cargas sísmicas de las que se utilizan para las perforaciones de prospección petrolera, las cuales fueron desactivadas por personal del ejército.

“Si el ecosistema estuviera cubierto con el bosque nativo esto no hubiera pasado, porque actúa como una esponja”, remarcó Giardini. Asimismo, aseguró que la provincia de Salta, y particularmente el departamento de San Martín, donde está situada Tartagal, es la más afectada por la deforestación en los últimos años.

Según la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la superficie deforestada en la provincia entre 1998 y 2002 llegó a casi 195.000 hectáreas, y entre 2002 y 2006 trepó hasta superar las 414.000 hectáreas. En 2007, en vísperas de la sanción de una ley regulatoria, el colapso fue todavía mayor.

El gobierno provincial autorizó ese año la deforestación de 400.000 hectáreas de bosques. “La situación es tan grave en la provincia que algunos desmontes fueron frenados en diciembre por la Corte Suprema de Justicia tras un amparo presentado por las comunidades indígenas”, remarcó Giardini.

El máximo tribunal había citado en diciembre a representantes del gobierno nacional y de las autoridades de Salta, convocándolas para el 18 de este mes por las denuncias de deforestación. Entretanto, Greenpeace y otras 50 entidades exigen al gobierno nacional que reglamente la ley de bosques aprobada hace 14 meses.

Esa ley, de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos, ordenó suspender el desmonte en Argentina hasta que cada provincia ordene su territorio y defina áreas intangibles y de desarrollo. La norma también prevé un fondo de compensación para los propietarios de las zonas a preservar.

Pero la demora en la reglamentación es cuestionada por las organizaciones no gubernamentales. El texto para su puesta en vigor estaba listo en julio de 2008 y a fin de año volvió a ser discutido por los gobiernos provinciales que introdujeron cambios. “No estamos participando, pero sabemos que se busca aprobar una reglamentación laxa”, alertó Giardini.

Especialistas como Osvaldo Canziani, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (conocido por su sigla en inglés IPCC), advirtió que lo que ocurre en Salta “es producto de la deforestación. “Es evidente que las ambiciones e intereses favorecieron este drama que pudo haberse evitado”, remarcó.

Por su parte, Alejandro Brown, de la Fundación Proyungas de Salta, relativizó el impacto de las actividades agropecuarias pero apuntó sí a la falta de planificación. “Esto era previsibles porque es una zona afectada por fuertes precipitaciones y lo que ocurre es que la planificación es nula”, declaró a IPS.

“El uso del espacio en estas zonas está basado en parámetros climáticos que variaron, por eso necesitamos mantener franjas de bosques mucho más extensas que las actuales para preservar las zonas urbanas de este tipo de derrumbes de gran intensidad”, subrayó Brown. (FIN/2009).

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