La eurocámara condena los abusos urbanísticos en España

images.jpeg rajoy-y-zapatero.jpg La economía funciona (ba)

Bruselas, 26/3/2009, (Ecoestrategia).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó, por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, un informe de la comisión de Peticiones criticando las prácticas de “œurbanización masiva” en España y la “œconducta especulativa” de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. El texto propone “œsuspender y revisar” todo plan urbanístico nuevo que no garantice el respeto por la propiedad y sugiere interrumpir los fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema.

El llamado Informe Auken, elaborado por la diputada danesa de Los Verdes, Margrete Auken, fue aprobado por el pleno después de que los eurodiputados rechazasen las resoluciones alternativas presentadas por el grupo socialista y varios diputados del grupo Partido Popular Europeo, respectivamente.

El informe de la comisión de Peticiones pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas que lleven a cabo una “œprofunda revisión” de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de “œponer fin a los abusos de los derechos y las obligaciones” recogidos en varios tratados internacionales.

Además, el Parlamento Europeo criticó la “œavaricia” y la “œconducta especulativa” de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, “œque han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades”.

Por otra parte, la Eurocámara considera que las autoridades regionales competentes deberían “œsuspender y revisar” todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente.

Los Gobiernos de las regiones afectadas también deberían “œdetener y anular todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario”.

En este sentido, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein declaró que “la aprobación del informe Auken manda un claro mensaje político y jurídico a la sociedad y gobiernos centrales, autonómicos y municipales, ya que hace una llamada a las instituciones españolas y a las europeas para que se actúen con toda su fuerza y legitimidad contra la borrachera urbanística que ha sufrido España durante los últimos años, y que además resulta ser una de las causas principales de la dura crisis económica que sufrimos”.

“œHabrán de tomar buena nota del mismo los ayuntamientos, los juzgados, los gobernantes, los legisladores, y hasta la misma Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia, que tramitan distintas denuncias relacionadas con los abusos urbanísticos”, añadió Hammerstein.

Destrucción masiva

Diputada danesa de Los Verdes, Margrete AukenSegún el informe, las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una “œdestrucción masiva” en la última década, puesto que “œel cemento y el hormigón han saturado esas regiones”.

Numerosas peticiones alegan el incumplimiento de la normativa europea sobre medio ambiente en España, basándose en la existencia de urbanizaciones construidas en áreas protegidas por directivas comunitarias, como la red Natura 2000. En muchos casos, los peticionarios subrayan que no se han efectuado las evaluaciones de impacto ambiental requeridas por la UE (los denunciantes suelen quejarse de que fueron las propias autoridades locales las que eludieron la elaboración de estos análisis).

El agua es también otro de los argumentos más recurrentes de los denunciantes. Los eurodiputados subrayaron que la Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes sobre agua y cuencas fluviales, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia.

Por otro lado, algunos propietarios denuncian la expropiación de sus terrenos sobre la base del supuesto “œinterés general” de los proyectos promovidos por las autoridades locales.

En este sentido, tanto los peticionarios como los diputados consideran que la definición de “œinterés general” no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, y que dicho concepto se ha utilizado como excusa para la aprobación de “œproyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental, obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes negativos de la correspondiente Confederación Hidrográfica”.

El caso de Marbella

Los diputados europeos manifestaron su preocupación sobre la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en la Costa del Sol, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas “œque infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública, y que están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano, que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general”.

El texto insta al Gobierno español a llevar a cabo un debate público, con la participación de todas las administraciones, “œmediante la formación de una comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible”.

Cerca del 50% de las denuncias sobre urbanismo recibidas por la comisión de Peticiones en esta legislatura procedían de ciudadanos españoles, mientras que un 30% llegaron del Reino Unido y un 15% de Alemania. El 5% restante se ha distribuido fundamentalmente entre Países Bajos y Bélgica.

El pleno del PE considera necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico “se garanticen desde el inicio”. Asimismo, recuerda que la normativa europea sobre evaluación del impacto ambiental impone la obligación de consulta al público implicado en la fase de elaboración de los planes, “œy no una vez que la autoridad local ha acordado los planes de facto”.

El informe Auken, en español, puede leerse en: A6-0082-2009ES-AUKEN (2).doc

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