Los cebos envenenados matan a miles de ejemplares de especies protegidas cada año

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Naturaleza intoxicada
Isaac Vega
Natura/El Mundo
Junio 2007

Colocar cebos envenenados es delito. Sin embargo, las leyes no han logrado evitar que el deseo de acabar con zorros, perros asilvestrados, aves rapaces y otros ‘competidores’ lleve a algunos a sembrar de veneno el campo español. Y la cadena tóxica mata cruel e indiscriminadamente. Según las estimaciones de WWF/Adena, en los últimos 15 años el veneno ha ocasionado la muerte de 20.000 rapaces en peligro de extinción. Algunas tienen en España sus últimas poblaciones y “las bajas han sido muy superiores a su efectivos actuales, poniendo en grave riesgo su recuperación”, se lamenta Luis Suárez, responsable de Especies de la asociación conservacionista.

La lista de víctimas es tan extensa como nuestro patrimonio natural: 79 águilas imperiales, 17 cigüeñas negras, más de 1.200 buitres, un millar largo de milanos, más de 50 lobos, seis osos, miles de perros y gatos… “El panorama es aterrador: los más de 3.000 episodios analizados son sólo la punta de un gigantesco iceberg, que estimamos en un 3%-15% de la realidad por la dificultad que entraña localizar todos los cadáveres en el campo. Sin embargo, cada víctima es un delito y algunas comunidades miran a otra parte mientras reciben fondos europeos para conservar a estas especies”, afirma Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF/Adena. Las competencias están transferidas y Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón concentran cerca del 80% de los casos, al tiempo que Málaga, Toledo, Huelva y Burgos son las provincias más afectadas.

A pesar de que desde 1989 la utilización de cebos envenenados es una práctica ilegal y que desde hace una década está tipificada como delito en el artículo 336 del Código Penal, “se han encontrado más de 9.000 animales envenenados y hay poco más de 20 condenas”, asegura Benigno Varillas, coordinador de la Estrategia Nacional contra el Veneno (ENV).

Este documento fue aprobado y consensuado en 2004 por el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas, pero pocas se han tomado el problema en serio y la escasez de vigilancia y sanciones alimenta el clima de impunidad. “Mediante un decreto, Castilla-La Mancha ha aprobado su estrategia, Andalucía ha desarrollado un plan de acción sin rango normativo y hay un borrador tramitándose en Aragón”, cuenta Carlos Cano, coordinador del Proyecto Veneno de WWF/Adena. Hay que añadir “ciertas acciones desarrolladas en La Rioja, Baleares, Cataluña y un principio de interés en Galicia”, dice Varillas.

Buenos ejemplos

Quien busca encuentra y, además de encabezar la lista, todos coinciden en afirmar que Andalucía es la comunidad más activa. En 2004 puso en marcha una patrulla canina de 15 perros adiestrados en Jaén. “Ya han participado en 300 inspecciones, detectando cebos envenenados en el 70%, lo que nos ha permitido cerrar unos 40 cotos en los últimos años”, cuenta Miguel Ángel Simón, director del plan andaluz. Por su parte, en Lérida, la patrulla especializada de agentes rurales del Servicio de Medio Ambiente recoge información sobre antecedentes y realiza esperas sistemáticas. “El año pasado pusieron a disposición judicial a siete personas a las que sorprendieron colocando cebos envenenados”, dice Carlos Cano de WWF/Adena.

Pero según el coordinador de la Estrategia Nacional, Benigno Varillas, “son sólo iniciativas para perseguir el delito, no para prevenir el problema”. En este sentido, añade, “apoyándonos en la nueva Ley de Desarrollo Rural Sostenible, vamos a prevenir el uso de veneno promoviendo modelos de ganadería compatibles con la biodiversidad en cinco áreas: dos en Lérida y una en Asturias, en Palencia y en Cáceres”.

Para Luis Suárez, el repunte del uso del veneno en el campo tiene diversas claves. Por una parte, el medio agrario se han transformado debido a la intensificación, que ha alterado las condiciones naturales y ha hecho disminuir, junto a otros factores, las poblaciones de especies presa, como las perdices o los conejos. Por otra parte, se ha incrementado la explotación cinegética industrial, que “ya no es una actividad tradicional, sino un gran negocio”, opina el experto. Finalmente, hay mayor accesibilidad al veneno, porque no se usa la estricnina, sino pesticidas, herbicidas y fungicidas de uso agrícola fáciles de adquirir sin control en grandes cantidades en cualquier tienda, explica el especialista de WWF/Adena.

La suma de todos estos factores crea una situación en la que se tiende a resolver los supuestos conflictos de intereses mediante el veneno. Aunque hay más sectores implicados, algunos gestores de caza emplean el veneno, o los lazos, para eliminar depredadores, como el zorro, a los que culpan del descenso de piezas de caza. Sin embargo, muchos expertos creen que el veneno no soluciona problemas, sino que los agrava, al incrementar los desequilibrios del medio.

De hecho, muchos cazadores y propietarios de fincas están indignados con las malas prácticas. “Estamos absolutamente en contra del uso de cebos envenenados”, sentencia Andrés Gutiérrez, presidente de la Real Federación Española de Caza. “Nos personamos como acusación particular en algunos casos y, si el Tribunal demuestra la culpa el cazador o la sociedad, son expulsados de la Federación; además, financiamos el teléfono SOS Veneno”, añade el presidente de 780.000 cazadores federados. La línea gratuita de SOS Veneno (900 713 182) recibe denuncias desde toda España y es gestionada por la Fundación para la Conservación del Buitre Negro.

Aunque la creación de las fiscalías provinciales de Medio Ambiente supone un gran paso, “es inaceptable la falta de rigor y formación a la hora de perseguir estos delitos por parte de ciertos jueces y fiscales”, denuncia el secretario general de WWF/Adena.

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